Comunicado del PP sobre el 'caso Gürtel'

El Partido Popular denuncia que, con ocasión de las investigaciones judiciales del
llamado “caso Gürtel”, está siendo objeto de una campaña sistemáticamente
programada y ejecutada de ataque y desprestigio de sus cargos públicos y del
propio partido, en la que se utilizan de manera ilegítima los medios del Estado y,
como instrumento de difusión, a un determinado grupo de comunicación.

1.- A las primeras filtraciones de las actuaciones sumariales secretas, nunca
investigadas pese a nuestras reiteradas denuncias, y en las que se conculcaba el
derecho a la defensa y la presunción constitucional de inocencia, vienen a unirse, en
las ultimas semanas, filtraciones de conversaciones telefónicas realizadas por la
Policía Judicial y que, sin formar parte en algunos casos de las actuaciones
sumariales, se utilizan ilegítimamente para menoscabar el honor de las personas y
hacerles daño personal y político con fines claramente partidistas.

2.- En un Estado democrático de Derecho el respeto al honor de las personas y al
secreto de las comunicaciones, son derechos fundamentales, que están obligados a
respetar, de manera especialmente cuidadosa, los servidores públicos y, en
concreto, el Ministerio del Interior y la Policía Judicial de él dependiente, y los
medios de comunicación que respeten las reglas de la sociedad democrática.

3.- Por eso resulta especialmente intolerable y una gravísima conculcación que el
Ministerio del Interior, que ha de velar por la libertad y la seguridad de todos los
españoles con independencia de su ideología, sea quién esté inmerso en casos tan
flagrantes de vulneración de los derechos fundamentales y de abuso perverso y
abusivo de los instrumentos con los que cuenta un Estado Derecho.
4.- El Partido Popular recuerda que estas conductas no son irrelevantes ni penal, ni
políticamente, sino que, por el contrario, son constitutivas de graves delitos y no
menos graves responsabilidades políticas. Asimismo, manifiesta que la utilización
de funcionarios públicos para realizar tan graves actuaciones, no hace sino agravar
aún más las consecuencias, tanto para los que dan las órdenes, como para los que
las ejecutan, arrojando injustamente dudas de manera indiscriminada sobre la
conducta honrada de la mayoría de todos ellos.

5.- Quienes de forma concertada, y amparándose en la libertad de expresión,
colaboran dando publicidad a estas conductas, sin dar valor a los desmentidos
previos y ampliando así los efectos dañosos, se sitúan, por propia decisión, al
margen de la libertad de expresión que dicen defender, y de cualquier regla
deontológica de la profesión periodística.

6.- La actitud del Gobierno de la Nación, y de otras instituciones del Estado como la
Fiscalía General, de connivencia y aprovechamiento político de estas conductas,
nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial.

7.- El Partido Popular quiere hacer un llamamiento a la opinión pública española e
internacional sobre las tremendas consecuencias que para una democracia tiene
tratar de aniquilar al primer partido de la Oposición usando para ello los
instrumentos del Estado.

En consecuencia, el Partido Popular anuncia que:

1.- Defenderá la dignidad de sus siglas, a sus dirigentes y militantes, que
representan legítimamente a más de 10 millones de españoles por todos los medios
a su alcance y en todas las instancias nacionales e internacionales que fuera
preciso.

2.- Reclama de todas las instituciones públicas y sociales y en especial del Poder
Judicial, la especial vigilancia de cualquier conducta que tenga por objeto
menoscabar de forma sectaria los derechos de los ciudadanos con la utilización de
forma ilegítima los medios del Estado de Derecho.

3.- Anuncia que exige la comparencia conjunta y urgente de los Ministros de Interior
y de Justicia para que den cuenta de las filtraciones de actuaciones de la Brigada de
Policía Judicial, en particular de las intervenciones telefónicas, así como de las
responsabilidades derivadas por el quebrantamiento del deber de custodia y secreto
que dichas filtraciones supone.

4.- La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha anunciado que va a dirigir acciones
judiciales por calumnia con publicidad contra los responsables de la difamación
publicada este fin de semana por los medios del Grupo Prisa, a raíz de la violación
del deber de secreto de unas actuaciones que no forman parte del sumario y que
están tan solo a disposición de la Policía Judicial. El Partido Popular apoya de forma unánime y rotunda estas acciones.